Crece la mora de las familias: el 28% de las personas endeudadas registra atrasos relevantes

La pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y el elevado costo del financiamiento aparecen entre los principales factores detrás de las dificultades de las familias argentinas para cumplir con sus deudas, en un escenario en el que el 28% de las personas endeudadas registra atrasos relevantes.

Así surge de un informe de la consultora LCG, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que analizó la evolución de la irregularidad crediticia y las dificultades de los hogares para afrontar sus compromisos financieros.

Según el estudio, el atraso en los pagos está relacionado con la “caída, recuperación parcial, y luego estancamiento (incluso nueva caída leve) del poder adquisitivo de los ingresos, en conjunción con la disminución del empleo formal”.

A ese escenario se sumaron las “tasas de interés activas que no acompañaron la disminución de la inflación”. De acuerdo con LCG, las entidades financieras aplicaron spreads más elevados para compensar el incremento de la irregularidad de sus carteras, una dinámica que “impidió poder refinanciar deudas con tasas más convenientes”.

El informe señala que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras atraviesan a distintos sectores de la población y tienen como correlato que numerosas familias enfrenten “dificultades severas para llegar a fin de mes”.

En ese contexto, el pago diferido con tarjeta de crédito para realizar compras en supermercados pasó del 37% al 44% entre 2023 y 2026, según los datos incluidos en el trabajo.

El diagnóstico muestra además que el 28% de las personas humanas que mantienen deudas se encuentra en situación 3 a 5 dentro de la Central de Deudores del Banco Central.

Por su parte, el porcentaje de préstamos con atrasos alcanza el 24,7%, mientras que la cartera morosa representa el 18% del monto total prestado. El indicador disminuye al 15,3% cuando se consideran únicamente los créditos otorgados por entidades bancarias tradicionales.

De acuerdo con LCG, la irregularidad presenta una mayor incidencia en los préstamos de menor monto concedidos por prestamistas no bancarios. La mora se ubica en torno al 20% en créditos pequeños otorgados por financieras no bancarias, especialmente en obligaciones inferiores a los $50.000.

El análisis por edades muestra que “los segmentos más jóvenes parecen ser los que más dificultades de repago tienen”, situación que el informe relaciona con una mayor penetración de entidades no bancarias, entre ellas billeteras virtuales y fintech, entre los usuarios de menor edad.

Sin embargo, LCG advirtió que “el grueso de las dificultades de pago ocurre en aquellos rangos en donde está concentrada la deuda: adultos de entre 30 y 70 años”.

Para la consultora, los atrasos dentro de este segmento reflejan “problemas económicos concretos, que son el reflejo de una dinámica macroeconómica compleja”.

Frente a este escenario, el informe aconsejó cautela ante las propuestas que contemplen transferir obligatoriamente la mora de la banca privada a la banca pública, al considerar que ese tipo de mecanismos “estimula la ausencia de control de riesgos de los bancos”.

“Si se hace un salvataje a los deudores, en definitiva, termina siendo un salvataje a los bancos, avalando malas gestiones de riesgo”, sostuvo el reporte.

Como alternativa, LCG planteó avanzar por “dos vías para atacar la cuestión: prevención y solucionar el lastre actual de los stocks, atenuando la ‘digestión lenta’” de las deudas vigentes.

En materia preventiva, propuso impulsar mayor transparencia y educación financiera, particularmente entre los jóvenes que acceden al crédito sin conocer en profundidad las tasas de interés y sus implicancias.

Para abordar la cartera vencida, el trabajo recomendó que el Banco Central implemente regulaciones que faciliten y aceleren el regreso de los deudores a la situación 1, considerada normal, sin tener que esperar al pago de un determinado porcentaje de la deuda.

Por último, sugirió “acotar o eliminar el ‘arrastre’ de la situación de un banco a otro”, para evitar que una calificación desfavorable en una entidad se traslade automáticamente al resto del sistema financiero.